Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD señalaron que esto afecta a cerca de 50 mil trabajadores operativos del Poder Judicial de México.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) han anunciado la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días. Esta acción está dirigida contra la reforma al Poder Judicial de la Nación que resultó en la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que lo conformaban.
En una conferencia de prensa respaldada por diputadas y diputados de sus respectivos grupos parlamentarios, argumentaron que estas modificaciones, impulsadas por el Presidente de la República y Morena, constituyen una vulneración a la Constitución y a la división de poderes. Además, sostienen que estas reformas tienen como objetivo debilitar al Poder Judicial y a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández.
El diputado del PRI Marco Antonio Mendoza Bustamante explicó que los tres grupos parlamentarios están preparando una acción de inconstitucionalidad para impugnar el decreto, publicado el 27 de octubre pasado, en el Diario Oficial de la Federación, que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“Hemos trabajado en una acción de inconstitucionalidad que será presentada en unos días en contra de este decreto, porque atenta contra diversos principios constitucionales. Hemos planteado que afecta la independencia del Poder Judicial y la división de poderes; además, vulnera el proceso legislativo, toda vez que se excluyó de la dictaminación y del estudio de la Comisión de Justicia”, señaló.
Mendoza Bustamante subrayó que la reforma también vulnera la seguridad e integridad de los juzgadores y viola lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además, señaló que los fondos a los que hace referencia la reforma están compuestos por contribuciones de los trabajadores del Poder Judicial, afectando a alrededor de 50 mil trabajadores a nivel nacional.
Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, reiteró que esta reforma es un atropello a la división de poderes y una muestra más de debilitamiento de las instituciones del país. Destacó la defensa de la división de poderes y del federalismo, así como la protección de las instituciones.
Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que los fideicomisos extinguidos no eran para privilegios de los ministros, sino para el personal operativo. Señaló que es inconstitucional quitar derechos adquiridos, y enfatizó que están defendiendo los fideicomisos compuestos por recursos autogenerados y aportaciones individuales de miles de trabajadores.
Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, coincidió en que los fideicomisos no eran para privilegios, sino derechos adquiridos por los trabajadores de base del Poder Judicial. Señaló que la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la SCJN deberá ser evaluada por el Senado de la República.
Respecto al presupuesto para la reconstrucción de Guerrero, los líderes parlamentarios cuestionaron la falta de voluntad por parte de Morena para asignar recursos, a pesar de contar con fondos disponibles.
