El legislador vallense presentó una reforma penal para aumentar de 10 a 15 años de prisión y de 2 mil a 3 mil UMA las penas para extorsionadores.
El diputado René Oyarvide Ibarra ha presentado una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, con el objetivo de aumentar las penas relacionadas con el delito de extorsión. La propuesta busca elevar las penas de 10 a 15 años de prisión y de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización.
La iniciativa especifica que se considera culpable de extorsión a quien, con el propósito de obtener ganancias para sí mismo o para un tercero, intimide a otra persona causándole daño en su persona, familia o bienes, obligándola a realizar, omitir, tolerar o conceder algo.
Oyarvide argumenta la necesidad de incrementar la punibilidad del delito de extorsión en San Luis Potosí, destacando que otros estados del país han adoptado medidas más severas en sus códigos penales. La propuesta establece que la pena por extorsión será de 10 a 15 años de prisión y una multa de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización.
En el caso de que la extorsión se lleve a cabo mediante cualquier medio de comunicación, se impondrán penas de ocho a catorce años de prisión y una multa de setecientos a mil quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización. Además, si intervienen personas armadas, se utiliza violencia física, o la víctima es una persona mayor de sesenta años, menor de dieciocho, o incapaz de comprender el hecho, las penas se incrementarán en una mitad más.
La propuesta también contempla aumentos en las penas cuando se utilice la vía telefónica, correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica, así como en casos que involucren imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo. En situaciones donde los números de cuenta o telefónicos pertenezcan a otra entidad federativa o país, se aumentará la penalidad en dos tercios.
En casos en los que algún miembro o ex miembro de una corporación policiaca o servidor público participe en el delito de extorsión, además de las penas establecidas, se contempla la destitución definitiva e inhabilitación de uno hasta veinte años para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión pública.
La iniciativa ha sido enviada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen, con el propósito de ser discutida en el Pleno.
