La investigación de Ciudadanos Observando reveló un aumento del 287.27% en la deuda estatal en tan solo un año y medio de mandato.
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí ha experimentado un crecimiento alarmante en su deuda con la Dirección General de Pensiones del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, según revela una investigación realizada por la organización Ciudadanos Observando. En tan solo un año y medio de mandato, José Ricardo Gallardo Cardona acumuló una deuda que ha aumentado de manera descomunal.
Para entender el contexto, es importante mencionar las deudas acumuladas por los exgobernadores anteriores. Durante su mandato, Fernando Toranzo Fernández dejó una deuda de 465 millones de pesos (MDP). Posteriormente, Juan Manuel Carreras López incrementó aún más esa deuda, llegando a los 703 MDP al finalizar su mandato.
Sin embargo, la situación se agravó bajo el liderazgo del gobernador actual. Desde octubre de 2021 hasta mayo de 2023, Gallardo Cardona elevó la deuda estatal a la cifra asombrosa de dos mil millones de pesos (MDP). De acuerdo con las cifras oficiales al cierre del mes de mayo de 2023, esto representa un incremento del 287.27% en tan solo un año y medio de gestión.
Estos datos revelan una tendencia preocupante en las finanzas estatales y plantean serias interrogantes sobre la capacidad de gestión del gobierno de San Luis Potosí. El crecimiento exponencial de la deuda pone en riesgo la estabilidad económica de la entidad y podría tener graves repercusiones a largo plazo.
Ante esta situación, es fundamental que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas para determinar las causas y responsabilidades detrás de este aumento desmesurado de la deuda. La transparencia y la rendición de cuentas son principios indispensables para garantizar un manejo responsable de los recursos públicos.
Ciudadanos Observando hace un llamado a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto y a implementar medidas que frenen este crecimiento descontrolado de la deuda. Además, es esencial que se establezcan mecanismos efectivos de supervisión y control para evitar situaciones similares en el futuro y asegurar un desarrollo económico sostenible para el estado de San Luis Potosí.
