El proyecto establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros, reduce la Suprema Corte a 9 integrantes y limita el alcance del juicio de amparo.
Este jueves, el Pleno del Senado de la República aprobó la llamada reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) con 86 votos a favor y 41 en contra, impulsando cambios significativos en la estructura del Poder Judicial.
La reforma establece un mecanismo de elección popular para la designación de jueces, magistrados y ministros, un paso que transformará radicalmente el sistema actual. Además, se ordena la sustitución de 1,700 juzgadores federales a través de procesos electorales previstos para 2025 y 2027.
Otros aspectos clave de la reforma incluyen la reducción del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a una sola Sala de nueve ministros, y la limitación del alcance del juicio de amparo y de las acciones de inconstitucionalidad. También se estipula la creación de un Tribunal de Disciplina con facultades discrecionales para sancionar a juzgadores y se avala la figura de jueces sin rostro, diseñada para proteger a los jueces en casos de seguridad nacional.
Contexto político
La aprobación se dio en un clima de tensión, marcado por la retención ilegal del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, la represión de protestas frente a la sede alterna del Senado en la Casa de Xicoténcatl, y la presión judicial contra el senador panista Miguel Yunes Márquez, cuyo voto fue decisivo para alcanzar la mayoría calificada.
La reforma, que aún debe ser aprobada por al menos 17 legislaturas estatales, es vista como altamente probable de ser avalada, dado el control político del partido Morena en varios estados del país.
Críticas y reacciones
Analistas han señalado que la reforma representa un instrumento de control político del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, sin resolver problemas estructurales como el nepotismo, la impunidad y la corrupción en el sistema judicial. Además, advierten que no aborda los dos sectores más críticos del sistema de justicia: los ministerios públicos y los tribunales locales.
Esta reforma podría marcar un punto de inflexión en el sistema judicial mexicano, pero su implementación y efectos están aún por verse en el panorama político y judicial del país.
