La legisladora Patricia Mercado enfatizó que perder el derecho la libertad no significa que deban perderse derechos como la educación y el trabajo.
La senadora Patricia Mercado destaca la importancia de preservar los derechos fundamentales de las personas de la comunidad LGBT+ que se encuentran en prisión, a pesar de haber perdido su libertad. Subraya la necesidad de impulsar políticas públicas que no solo garanticen la reinserción social de este sector de la población, sino que también salvaguarden sus derechos a la educación, la seguridad y al trabajo.
La legisladora, perteneciente a Movimiento Ciudadano (MC), aboga por la implementación de la guía de incidencia diseñada para reducir prácticas discriminatorias hacia las personas LGBT+ privadas de su libertad. Considera que esta guía podría convertirse en un modelo para inspirar a los congresos locales a establecer en la legislación garantías que aseguren el derecho a la reinserción social de este grupo.
Patricia Mercado enfatiza el papel de los legisladores en actuar en concordancia con el marco legislativo, reconociendo plenamente los derechos humanos. Agradece a la organización civil “CEA Justicia Social” por presentar la guía de incidencia y a la embajada de Canadá por su apoyo al proyecto.
La coordinadora de Políticas Públicas de “CEA Justicia Social”, Azucena Granados, explica que la guía busca visibilizar las problemáticas que enfrentan las personas LGBT+ en su interacción con el Sistema de Justicia Penal. Destaca el respaldo del Fondo Canadá en la construcción de este proyecto durante más de tres años.
Marko Popic, director de Seguridad de la embajada de Canadá en México, destaca la relevancia de la iniciativa para crear un entorno más seguro e inclusivo para las personas LGBT+ privadas de libertad, especialmente para la comunidad transgénero. Menciona el compromiso del gobierno canadiense a través del Fondo Canadá para iniciativas locales en la protección de los derechos humanos.
La Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Sonora, Wendy Briceño Zuloaga, reconoce la incidencia positiva de la propuesta en la agenda de derechos humanos para las poblaciones LGBT+ privadas de la libertad. No obstante, señala que aún existen retos significativos, ya que una encuesta de diversidad sexual revela dificultades en la aceptación de la orientación sexual de personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero por parte de algunos familiares en México.
