Violencia física y psicológica, principales atenciones en centros de justicia para las mujeres en México

El 89.2 % de los CJM cuenta con casas de emergencia o de tránsito y ofrece servicio de alojamiento (89.7 %), alimentación (87.9 %) y apoyo psicológico (87.9 %).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado los resultados correspondientes al programa estadístico de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) para el año 2023. Este informe presenta datos sobre los 65 CJM que estaban en funcionamiento hasta el 30 de junio de 2023 en 31 entidades federativas. Estos resultados continúan los hallazgos de la edición 2021 y ofrecen información comparativa sobre los 55 CJM que estaban operativos hasta el 1 de octubre de 2021. Es importante destacar que, entre noviembre de 2021 y junio de 2023, se iniciaron operaciones de 10 nuevos CJM en Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora.

La edición 2023 actualiza los datos de los CJM en términos de infraestructura, recursos financieros, perfil del personal a cargo y del equipo del CJM. Además, proporciona información sobre las instituciones que tienen presencia en los CJM, las instalaciones físicas, áreas de atención, servicios ofrecidos, características del registro de información sobre la atención proporcionada, así como estadísticas sobre las mujeres atendidas debido a situaciones de violencia. Estos datos abarcan dos periodos: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. El propósito de este ejercicio estadístico es proporcionar información para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas a la atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como contra sus hijas e hijos. Además, profundiza en la comprensión de la operación de los CJM y los servicios que brindan.

El Estado mexicano ha implementado medidas para proteger a las mujeres y garantizar su seguridad y el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Se consideran aspectos como la interseccionalidad, la interculturalidad y el enfoque diferenciado. A través de los compromisos derivados de la ratificación de instrumentos internacionales y del marco normativo nacional, el Estado está obligado a tomar medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En este contexto, los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) se establecen como una estrategia clave del Estado mexicano para abordar este problema. Los CJM son espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que ofrecen atención integral y gratuita a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, desde una perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad y enfoque diferencial e interseccional. Estos servicios se proporcionan en un solo lugar para promover y garantizar el acceso a la justicia, el pleno ejercicio de los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres.

Con la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), aprobada el 8 de mayo de 2023, se formalizan las responsabilidades de las entidades federativas, así como de las secretarías y dependencias públicas federales, estatales y municipales relacionadas con la operación y las funciones de los CJM. Esta reforma establece las acciones y servicios que deben proporcionarse para la atención integral de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijas e hijos menores de edad. Además, detalla las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Estado, tanto en el perfil como en las funciones del personal a cargo y del personal asignado y designado a los CJM.

Principales resultados:

La apertura y puesta en marcha de los CJM en el país ha sido un proceso continuo desde 2011 hasta 2023. Los primeros CJM comenzaron a operar en Campeche, Chiapas y Chihuahua en 2011. Los más recientes, inaugurados en 2023, se encuentran en Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. Debido a esta dinámica, las unidades de observación y análisis varían en cada ejercicio de recopilación dirigido a los CJM. Sin embargo, se ha logrado una cobertura completa a nivel nacional y por entidad federativa en todos los casos.

Los resultados de ediciones anteriores muestran que los CJM no operan de manera uniforme. Además, la adscripción y la naturaleza jurídica de los CJM son diferentes, lo que podría explicar las disparidades en su funcionamiento. Es importante señalar la variación en el número de CJM dentro de cada entidad federativa, con algunas entidades que tienen más de uno mientras que otras cuentan con uno solo.

Dependencia de adscripción y personalidad jurídica:

Los CJM siempre están adscritos a una dependencia pública de la entidad. Hasta el 30 de junio de 2023, el 69.2 % (45) de los CJM del país estaban adscritos a la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia de la entidad; el 20.0 % (13) a la Secretaría de Gobierno de la entidad; el 9.2 % (6) al Instituto o Secretaría de la Mujer estatal, y el 1.5 % (1) a la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.

En cuanto a la personalidad jurídica de los CJM, el 35.4 % (23) estaba constituido como unidad administrativa; el 30.8 % (20) como órgano descentralizado; el 21.5 % (14) como órgano desconcentrado; el 7.7 % (5) como área administrativa, y el 4.6 % (3) declaró otro tipo de personalidad jurídica. A pesar de estar adscritos a la misma dependencia, no existe una homogeneidad en la personalidad jurídica. Por ejemplo, de los 45 CJM adscritos a la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia de la entidad, el 43.8 % (21) reportó ser unidad administrativa; el 10.4 % (5), órgano descentralizado; el 22.9 % (11), órgano desconcentrado; el 10.4 % (5), área administrativa y el 6.3 % (3) declaró otra condición.

Recursos humanos:

Al 31 de diciembre de 2022, el 98.5 % (64) de las personas titulares de los CJM eran

mujeres; el 43.1 % (28) se encontraba en el rango de edad de entre 40 y 49 años; el 60.0 % (39) tenía estudios de maestría o posgrado, y las áreas principales de conocimiento fueron violencia contra las mujeres (92.3 %) y género (89.2 %).

En cuanto al personal que trabajó en los CJM, se registraron 4,052 personas en los 61 CJM en funcionamiento al 31 de diciembre de 2022. De estas personas, el 58.5 % estaba adscrito a los CJM; el 27.8 % fue asignado o comisionado por instituciones representadas en los CJM, y el 13.6 % se catalogó como otro tipo (servicio social y/o prácticas profesionales). Del personal adscrito y asignado/comisionado, el 80.5 % fueron mujeres y el 19.5 % hombres.

En cuanto a los recursos financieros, se recopiló información sobre el presupuesto aprobado y recibido por los CJM para los años fiscales 2021 y 2022. Es importante señalar que no todos los CJM proporcionaron esta información. Según lo reportado por 49 CJM, que representan el 87.5 % de los CJM en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2021 (57), el presupuesto federal y/o estatal destinado a su operación fue de 520,277,954 millones de pesos. De estos CJM, el 50.9 % (29) reportó recibir presupuesto federal y/o estatal; el 29.8 % (17), solo de procedencia estatal, y el 5.3 % (3), únicamente de procedencia federal.

Por otro lado, según lo reportado por 54 CJM, que representan el 88.5 % de los que estaban en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2022 (61), el presupuesto federal y estatal asignado fue de 838,174,148 millones de pesos. De estos CJM, el 42.6 % (26) reportó recibir presupuesto federal y estatal; el 39.3 % (24), solo de procedencia estatal, y el 6.6 % (4) indicó que su presupuesto era exclusivamente de procedencia federal.

En cuanto a la representación de instituciones en los CJM, el Instituto de la Mujer/Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres fue la institución con mayor presencia física en los CJM en 2021 y 2022, con un 71.1 % y un 70.8 %, respectivamente. Le siguieron la Fiscalía o Procuraduría General de Justicia estatal, con un 64.4 % y un 66.7 %, respectivamente, y la Secretaría de Seguridad Pública, con porcentajes del 60.0 % y 52.1 %, respectivamente. Por otro lado, las instituciones menos representadas fueron la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o equivalentes estatales, los Centros de Atención a Víctimas y la Secretaría de Economía.