La reveladora investigación expuso a 9 legisladores de San Luis Potosí que presuntamente hacen mal uso de los recursos públicos que se les otorgan.
En una investigación exhaustiva llevada a cabo por Ciudadanos Observando, se ha descubierto un esquema irregular que involucra a nueve diputados locales de San Luis Potosí, quienes se estarían repartiendo ilegalmente la suma de 165 mil pesos mensuales bajo el pretexto de apoyo para gasolina.
Los diputados señalados en esta grave revelación son los siguientes: Cinthia Segovia Colunga, Mauricio Ramírez Konishi, Salvador Isaís Rodríguez, Ramón Torres García, Edmundo Torrescano Medina, René Oyarvide Ibarra, Liliana Flores Almazán, Yolanda Cepeda y Bernarda Reyes Hernández.
La investigación, respaldada por datos oficiales del propio congreso estatal, revela un análisis detallado de los kilómetros recorridos por cada automóvil asignado a estos legisladores durante la pasada legislatura. Se generó un promedio mensual de sus recorridos, comparándolo por distrito con los nueve diputados que están recibiendo apoyo para gasolina.
En la gráfica presentada, se detalla el nombre de cada diputado en la primera columna, seguido por los litros de gasolina que cada uno está recibiendo en la segunda columna. La tercera columna muestra el consumo real por litros de gasolina, contrastando este dato con la autorización otorgada. La cuarta columna expone los litros de gasolina que se están pagando injustificadamente de más a cada diputado, revelando un preocupante mal uso de los recursos públicos.
En la quinta y última columna se expone el daño financiero que cada diputado está ocasionando, tomando como referencia el precio promedio de la gasolina premium, que se sitúa en 22 pesos con catorce centavos.
Es importante destacar que, según la investigación, cada uno de los veintisiete diputados locales recibe un apoyo mensual en gasolina de 8 mil pesos, integrado a sus percepciones netas mensuales. Sin embargo, estos nueve diputados se reparten 165 mil pesos adicionales, generando un evidente fraude a los recursos públicos y desviando fondos de manera injustificada.
Como sociedad, es imperativo luchar enérgicamente para poner fin a este fraude y revertir de manera urgente este irregular apoyo. Cabe destacar que esta práctica fue aprobada en la Junta de Coordinación Política, donde están representados todos los partidos políticos y todos avalaron este abuso. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para preservar la integridad de nuestras instituciones y proteger los recursos públicos de cualquier mal uso.
