La confederación patronal señaló que, más que acciones ambientales, son medidas recaudatorias que golpearían principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El comunicado de COPARMEX expresa su preocupación por las propuestas de aumento significativo en los impuestos ambientales en los estados de México y San Luis Potosí. La organización destaca la falta de claridad en la asignación de los ingresos generados por estos impuestos hacia acciones de mitigación ambiental, así como la ausencia de garantías de transparencia y rendición de cuentas en su uso.
COPARMEX cuestiona la falta de demostración de los supuestos beneficios de la aplicación de estos impuestos en ambas entidades y señala que contradicen la legislación federal, específicamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Destaca que, según esta ley, los instrumentos económicos de carácter fiscal deben incentivar el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental y no deben establecerse con fines exclusivamente recaudatorios.
La organización respalda el Modelo de Desarrollo Inclusivo y argumenta que estos nuevos impuestos desincentivan la inversión nacional y extranjera, afectando la atracción del país y desaprovechando oportunidades de relocalización de empresas. También destaca la falta de fuentes técnicas que respalden el cálculo de los montos propuestos, generando dudas sobre su proporcionalidad.
En cuanto a las propuestas específicas, COPARMEX critica el aumento desproporcionado en el Estado de México y la propuesta de gravar el 100% de las emisiones de CO2 en San Luis Potosí, argumentando que va en contra de políticas nacionales e internacionales y contradice la estrategia de reducción de emisiones presentada por México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La organización hace un llamado a los Ejecutivos y Congresos de ambos estados para priorizar el diálogo y generar mesas de trabajo con el sector empresarial. También destaca la necesidad de acciones integrales, no solo impuestos, para establecer una verdadera política pública en materia ambiental, y advierte que las cargas fiscales sin incentivos y acciones complementarias perjudicarán principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los ciudadanos.
