De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, el 73.5% de la población considera que la GN ha sido efectiva en el cumplimiento de su labor.
El estudio sobre la Guardia Nacional destaca diversas discrepancias entre su estructura teórica y su implementación práctica. Aunque la Constitución estableció que la Guardia Nacional sería una corporación de carácter civil, la realidad muestra que la mayoría de sus miembros provienen de las Fuerzas Armadas (SEDENA y SEMAR). Este hecho, revelado por un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, pone de manifiesto la influencia militar en la institución.
Uno de los aspectos positivos resaltados en el informe es la aprobación significativa que la Guardia Nacional ha obtenido en la sociedad, con un 73.5% de la población considerando que su desempeño ha sido efectivo. No obstante, el estudio también subraya ciertas problemáticas y contradicciones que requieren atención.
Una de las preocupaciones es la discrepancia entre la aspiración de la Guardia Nacional de ser una institución profesional y el hecho de que solo el 40% de sus efectivos cuentan con el Certificado Único Policial, un documento que valida las habilidades, conocimientos y aptitudes de los elementos para desempeñar sus funciones.
Además, se destaca el aumento de quejas y recomendaciones dirigidas a la Guardia Nacional por presuntas violaciones a los derechos humanos. Este factor la posiciona en el listado de las instituciones más señaladas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El despliegue territorial de la Guardia Nacional se ha expandido de manera constante, teniendo presencia en todo el territorio nacional. Sin embargo, el estudio plantea la necesidad de abordar las inconsistencias y problemas identificados, haciendo uso de los mecanismos de control parlamentario establecidos en la Constitución.
En resumen, aunque la Guardia Nacional ha logrado una aceptación considerable en la sociedad, el estudio destaca la importancia de abordar las cuestiones pendientes, como la influencia militar, la falta de certificación en muchos de sus miembros y las preocupaciones relacionadas con los derechos humanos. Estas áreas requieren atención para garantizar el cumplimiento de los principios y objetivos establecidos para esta institución.