Los empleados, desconcertados ante el cierre repentino e incumplimiento de pagos, denuncian prácticas de hostigamiento laboral.
La empresa Sello Rojo, ubicada en el Libramiento Poniente de Ciudad Valles, despidió a su plantilla de 33 trabajadores sin previo aviso sobre compensaciones o liquidaciones, según informaron los propios empleados que se encuentran desconcertados. Algunos de ellos explicaron que durante años trabajaron como comisionistas, sin recibir un salario fijo, sino una “compensación por asistencia” que no se les pagaba si sus ventas eran bajas.
Además, relataron que su horario de entrada era después de las cinco de la mañana, sin un horario fijo de salida. La mañana del pasado jueves, algunos empleados no pudieron ingresar a las instalaciones de la empresa, mientras que otros quedaron atrapados dentro, ya que las puertas estaban cerradas. Hasta ese momento, no se les había informado sobre ningún pago, solo se les comunicó que Sello Rojo cerraría sus puertas en la región debido a la distancia con su matriz en Jalisco, lo cual ya no resultaba conveniente para el negocio de la sucursal en Ciudad Valles.
Los trabajadores llegaron a su hora habitual de las 7 de la mañana, pero se encontraron con el personal de Recursos Humanos proveniente de Guadalajara. En lugar de salir a sus rutas diarias, se les informó que ingresarían uno por uno a la gerencia, lo cual les resultó extraño. A medida que pasaban las horas, los empleados esperaban en el acceso principal, mientras que la puerta permanecía cerrada con cadena y candado.
Nerviosos, comenzaron a enviar mensajes a sus familiares, muchos de ellos informando que estaban a punto de perder sus empleos. Algunos se mostraban preocupados, ya que tenían familias que mantener y gastos importantes, como el fin de cursos y el inicio del ciclo escolar. Así fue como se dio a conocer que la empresa Sello Rojo cerraría sus puertas en Ciudad Valles y en todo el país.
Sin embargo, los actos de hostigamiento no tardaron en comenzar. Los empleados fueron llamados y obligados a firmar sus renuncias en el interior, con el objetivo de reducir el monto económico de los finiquitos. Esta táctica es una práctica común en muchas empresas que buscan presionar a la base trabajadora.
Los trabajadores se amotinaron en el acceso, mientras que uno de ellos se negó a firmar y, al intentar salir, fue retenido por el personal de seguridad. Frente a una reportera de Código San Luis, el empleado declaró que no se le permitía salir porque así lo ordenaban los jefes. Ante esta situación, solicitaron ayuda a sus familiares, y el guardia de seguridad simplemente afirmó que estaba siguiendo órdenes.
Repartidores, operarios y algunos empleados administrativos, nerviosos, comentaron que este año ni siquiera habían recibido sus utilidades, las cuales les debían. Esto aumentaba su angustia. Expresaron temor a represalias, ya que llevaban toda la mañana encerrados y sin comer, y estaban preocupados de que no recibirían una liquidación digna.
Tres empleados que lograron salir mencionaron que tenían entre 6 y 12 años de antigüedad en la empresa; empero, se les ofrecieron cantidades irrisorias de 20 y 50 mil pesos por sus años de servicio, muy por debajo de lo que les correspondería según la ley en caso de ser liquidados adecuadamente.
Uno de ellos mencionó que fue despedido hace un mes después de trabajar durante 6 años en la empresa. Nunca había faltado y siempre había sido puntual, además de tener buenas ventas. Simplemente le informaron que ya no trabajarían más allí y que le darían veinte mil pesos por sus seis años de servicio, pero hasta la fecha nadie le ha indicado a dónde debe acudir para recibir su finiquito.
Alrededor de las 11 de la mañana, elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar en respuesta a la llamada de personas que se encontraban secuestradas en la empresa Sello Rojo. Después de dialogar con los afectados y comprobar que estaban bien, notificaron a las autoridades estatales para presentar una denuncia directamente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Hacia las 3 de la tarde del mismo jueves, representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de San Luis Potosí (STPS de SLP) ya habían establecido contacto con los trabajadores de Sello Rojo. Se acordó acompañarlos para garantizar un trato digno y una liquidación conforme a la ley por parte de Sello Rojo, una agencia con 17 años de operaciones en Ciudad Valles, cuyas rutas abarcaban los veinte municipios de la Huasteca Potosina y otros en Tamaulipas.
