La Ley 3 de 3 pone en tela de juicio el futuro político de Garza Martínez ante presunta confabulación con el Juez Primero Familiar de Ciudad Valles.
El expresidente de Ciudad Valles, Rómulo Garza Martínez, podría quedar inhabilitado para acceder a cargos de elección popular debido a la Ley 3 de 3, la cual impide que agresores y deudores alimentarios puedan ostentar cargos públicos, toda vez que intentó evadir el pago de una pensión alimenticia a la que fue condenado desde hace aproximadamente 10 años, en una aparente confabulación con el Juez Primero Familiar de Ciudad Valles.
La legisladora Liliana Guadalupe Flores Almazán exigió a su expareja Garza Martínez el monto de una pensión alimenticia que presuntamente este no ha cumplido. Cabe destacar que el proceso se está efectuando en el Juzgado Primero de lo Familiar de Ciudad Valles y, dentro del proceso, Rómulo Garza está conformando una defensa para que el monto que pide la actual diputada disminuya, cuestión que está en suspenso actualmente.
La situación generó indignación y preocupación entre los ciudadanos de la localidad, quienes exigen transparencia y justicia en este caso. En su momento, Rómulo Garza alegó no contar con un empleo formal, sino hasta el último día de mayo, momento en el cual afirma haber conseguido trabajo como auxiliar contable, teniendo como patrón a su sobrino, Fortino Eduardo Torres Garza, con un salario mensual de $6,540.00, y así lo señaló el propio Rómulo Garza en escrito presentado al Juez en cuestión.
El juez encargado del caso solicitó que Torres Garza presente pruebas y documentación que respalden su relación laboral con el exalcalde, así como sus ingresos mensuales. Esta medida busca asegurar que se cumpla con la pensión alimenticia estipulada, garantizando así el bienestar del hijo en cuestión. El resultado de la comparecencia será determinante para la resolución del caso y la aplicación de las medidas correspondientes.
Este caso está radicado en el expediente 874/2013; es decir, un asunto que tiene una década de existir y en la que no se ha podido llegar a un acuerdo conciliatorio. A medida que se desarrollen los procedimientos legales, es fundamental que las autoridades pertinentes defiendan los principios de transparencia y justicia, asegurando que se priorice el interés superior del niño.
El resultado de este caso no solo determinará la responsabilidad de Rómulo Garza Martínez, sino que también tendrá implicaciones más amplias para el cumplimiento de las obligaciones de pensión alimenticia y la integridad de las personas que buscan cargos públicos.
