Legisladora pidió aumentar sanciones por abuso sexual y violación a discapacitados y ancianos

La congresista Mónica Herrera impulsa una reforma penal para aumentar las penas hasta en una mitad respecto a las actuales.

La diputada Mónica Herrera Villavicencio de Morena está impulsando una iniciativa para modificar el Código Penal Federal de México. La iniciativa busca aumentar las penas por abuso sexual y violación cuando las víctimas son personas con discapacidad o pertenecen al grupo de la tercera edad. Se propone agregar una fracción VI al artículo 266 Bis del Código Penal Federal para incrementar las penas hasta en una mitad con respecto a las penas actuales cuando se cometa un delito de abuso sexual o violación contra estas personas vulnerables.

Actualmente, el Código Penal Federal establece penas de seis a 10 años de prisión para el abuso sexual y de ocho a 30 años de prisión para la violación. Con esta reforma, las penas aumentarían significativamente si las víctimas son personas con discapacidad o de la tercera edad.

La propuesta tiene como objetivo disminuir los índices de abuso sexual y violación, especialmente en grupos vulnerables, y garantizar una vida libre de violencia para todos los ciudadanos. La iniciativa se ha turnado a la Comisión de Justicia para su evaluación y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su opinión.

La exposición de motivos de la legisladora menciona que se han registrado un alto número de delitos contra la libertad y seguridad sexual en México. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en agosto de 2023 se habían registrado 14,016 de estos delitos, en comparación con los 22,000 cometidos en 2022. La violencia sexual es un problema de salud pública en el país y requiere una acción decidida para prevenirla y sancionarla adecuadamente.

La iniciativa también se basa en la definición de violencia sexual de la Organización Mundial de la Salud, que abarca una amplia gama de actos que van desde el acoso verbal hasta la penetración forzada. Las víctimas de violencia sexual pueden sufrir consecuencias graves en su salud y bienestar, y estas consecuencias son aún más graves cuando se trata de personas con discapacidad o de la tercera edad, que pueden tener dificultades para defenderse.

En resumen, la iniciativa busca fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de la tercera edad al aumentar las penas por abuso sexual y violación cuando son víctimas de estos delitos.