Un representante de los ruleteros cuestionó la acción de inconstitucionalidad que marcó la Suprema Corte a la citada legislación.
El miembro de una asociación estatal de taxistas en San Luis Potosí, José Crispín Segura Lara, dio a conocer que la concentración de un extenso grupo de conductores en el Edificio Presidente Juárez, sede del H. Congreso de San Luis Potosí, tenía como objetivo buscar seguridad jurídica, debido a la anulación de ciertas disposiciones de la Ley Anti-Uber.
Precisó que el pasado de 17 de octubre de 2023, presentaron formalmente una solicitud ante el congreso potosino para obtener una audiencia, la cual fue ignorada. Ante esta falta de respuesta, decidieron ejercer su derecho a la audiencia el día de hoy. Además, se añadió la preocupación surgida a raíz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que derogó algunos artículos de la mencionada Ley Anti-Uber.
Se trata del decreto 444 donde, en esa ocasión en el 2016, privatizaron el transporte público ha habido una serie de acciones de inconstitucionalidad donde prácticamente ese decreto lo dejan casi en su totalidad, sin efecto para poder que el servicio de transporte público se preste ordenadamente.
José Crispín Segura Lara
Segura Lara explicó que la presencia se debe a la imperante necesidad de conocer los mecanismos de certeza jurídica que el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí implementará para prevenir el caos y garantizar la aplicación efectiva de la ley que enfrentan a diario.
De inicio les decían que no podían cobrar en efectivo, solo por tarjeta y se echó para abajo por una acción de inconstitucionalidad para poder cobrar en efectivo, les decían que tenían que registrarse en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí (SCT de SLP), que el vehículo únicamente fuera manejado el dueño de la unidad, fueron algunas de las cuestiones que se fueron para abajo, acciones de inconstitucionalidad.
José Crispín Segura Lara
Asimismo, el ruletero comparó el impuesto de 800 UMA’s por registro ante la SCT que debía hacer la empresa Uber, equivalente a 80 mil pesos, mientras que el refrendo fuera de 63 mil pesos “y ni siquiera eso han cumplido. Nosotros aportamos al desarrollo del Estado cerquita de 50 millones de pesos anuales por los 5400 carros más o menos que somos.
La empresa por el N número de carros porque ellos no tienen un tope. Le deberían inyectar cada año 80 mil en el primer registro y en el segundo 63 mil pesos, crees que es congruente 63 por el N número de carros por los 50 millones inyectamos para el desarrollo del Estado como gremio, está fuera de órbita”.
Finalmente, José Crispín apuntó que otra acción de inconstitucionalidad es el 360 bis, donde se pone que la prestación del servicio, sin permiso de concesiones un delito y se señaló como una acción de inconstitucionalidad del violar el derecho del trabajador de aplicación.
¿Dónde vamos a quedar nosotros como prestadores de servicio público con tantas acciones de inconstitucionalidad?, protegiendo a una empresa privada, y dejando en estado de indefensión a un gremio taxista que ahora lo ven como la muñeca fea.
José Crispín Segura Lara
Finalmente, el transportista potosino refirió que siguen acarreando dos temas principales: la extensión del gafete para que tenga una duración de cinco años, pues actualmente está reducido a uno y que quede establecido un descuento permanente para la licencia de manejo.
