La SCJN destacó la importancia de proteger los derechos indígenas en un llamado a la justicia con perspectiva cultural.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución relevante que afecta a personas indígenas involucradas en procedimientos penales. La sentencia destaca la importancia de evitar la criminalización de las formas en que estas personas buscan ejercer sus derechos, tomando en cuenta el contexto sociocultural y político en el que se desarrollaron los hechos para entender la intención de los acusados.
El caso que llevó a esta decisión involucra un conflicto entre un Ayuntamiento y un Consejo Ciudadano Indígena, donde tres miembros del consejo fueron condenados por sabotaje, una sentencia que fue confirmada en apelación. Inconformes con el fallo, los indígenas sentenciados presentaron un juicio de amparo directo, pero el Tribunal Colegiado de Circuito rechazó su solicitud. Ante esta situación, los afectados llevaron el caso ante la Suprema Corte.
La Primera Sala, a través de una tesis de jurisprudencia, se basó en la fracción VIII del artículo 2º de la Constitución, que establece que en los juicios y procedimientos en los que personas indígenas sean parte, se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y garantizar su derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura.
En este sentido, la SCJN estableció que las autoridades judiciales, especialmente el órgano jurisdiccional encargado del caso, tienen la obligación de considerar el contexto sociocultural y político en el que se desarrollaron los hechos para comprender la intención de los acusados. Esto es especialmente importante debido a la alta y persistente conflictividad social que se ha observado a nivel internacional en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que a menudo va acompañada de violencia y una preocupante tendencia a la criminalización de la protesta y la disidencia social.
Por lo tanto, es crucial que las autoridades encargadas de impartir justicia en materia penal sean cuidadosas y eviten utilizar el derecho punitivo como un medio para criminalizar el ejercicio de los derechos pretendidos por personas indígenas, siempre teniendo en cuenta el contexto sociocultural y político en el que se desarrollaron los hechos.
