También se agregó el tratamiento psicológico especializado al Código Penal del Estado de San Luis Potosí para corregir estas conductas.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad un decreto que busca atender y sancionar con mayor severidad el delito de violencia familiar. Las reformas propuestas por el diputado René Oyarvide Ibarra incluyen la adición del maltrato físico a la conducta de violencia familiar, el incremento de penas y sanciones pecuniarias, la introducción de tratamiento psicológico especializado, y la definición de diferentes tipos de violencia familiar, como económica, emocional, física, patrimonial, psicológica y sexual.
La legislación también establece la hipótesis de incrementar la pena en una mitad cuando la violencia familiar se comete en presencia de niños, niñas, hijos o familiares, y un aumento en una tercera parte entre el mínimo y el máximo en caso de reincidencia. Se equipara a la violencia familiar y se sanciona con pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cincuenta a ciento setenta y cinco días del valor de la unidad de medida de actualización a quien manipule, sin medios violentos, a una persona adulta mayor para obtener la administración o control de sus bienes.
Además, se exhorta a la Secretaría de Salud Federal a implementar una campaña de prevención de enfermedades renales crónicas, y se insta a varias instancias, incluida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar acciones de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la legislación en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y prevención y gestión integral de residuos, debido a la contaminación generada por la incineración y quema de residuos en un rancho en Veracruz.
Estas medidas buscan abordar de manera más efectiva el problema de la violencia familiar y promover la protección de derechos en diversas áreas.
